No tengo la menor idea de qué rumbo está tomando este país.
Comenzaré diciendo que mis padres vivieron toda la vida de alquiler. Con 8 hijos no tenían otra posibilidad. Y sé lo que es sentir la angustia de que te den dos meses para irte del lugar que sientes como tu hogar, aunque sabes que nunca va a ser tu casa. Porque sí, uno hace de un inmueble que no es suyo su hogar.
Nuestros jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna por los sueldos, los precios de los alquileres y la altísima demanda que hay. También es cierto que, cuando una persona alquila un piso, no siempre es para lucrarse. Puede ser para complementar una pensión baja, para ayudar al pago de una residencia… Eso también lo he vivido con alguien muy cercano. Así que no entiendo que responsabilicen de la falta de vivienda a personas que tienen pisos alquilados o para alquilar. Si yo tuviera una segunda propiedad, ¿la alquilaría? Contrato indefinido; si se rescinde el contrato indemnizar al inquilino; si es vulnerable y tiene menores a su cargo podría dejar de pagar, incluso los suministros de agua, luz, gas… Además, por muchos pisos que tenga la gente para alquilar, no se cubre la demanda que hay. Entonces, ¿no tendríamos que estar presionando al Gobierno, que en casi 8 años no ha dado respuesta a un tema tan importante?
Esto tampoco lo entiendo… Ya está puesta en marcha la Diputación Permanente. Es como un «órgano de guardia» que sustituye al Pleno en periodos de vacaciones parlamentarias o cuando las Cortes Generales han sido disueltas por la convocatoria de elecciones. El 2 de octubre, dos decretos sobre vivienda fueron derogados por el Congreso de los Diputados. El 6 de octubre, el Consejo de Ministros los volvió a aprobar con modificaciones. El Gobierno prevé su votación definitiva en la Diputación Permanente para el 12 de noviembre de 2026. ¿Cómo puede ser que una proposición que haya sido rechazada por el Pleno de las Cortes Generales se presente directamente ante la Diputación Permanente para su aprobación? La Diputación Permanente no debe utilizarse como una «segunda oportunidad» o un tribunal de apelación para resucitar iniciativas que las Cortes ya han votado en contra. No debería ser legal utilizar esa fórmula para aprobar proyectos, por muy justos que parezcan.
¿Y la llamada “ley de nietos”? Una disposición de la Ley de Memoria Democrática española que permite a los hijos y nietos de españoles obtener la nacionalidad sin necesidad de residir en España y obtener exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano nacido en España. No pueden votar en las elecciones municipales, pero pueden votar en las elecciones generales, autonómicas y al Parlamento Europeo. La instrucción firmada por Sofía Puente determinó que «se presumirá la condición de exiliado, de forma automática, a cualquier español que hubiera salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955″… Se pretendió que los solicitantes ya no necesitaran presentar documentos oficiales que demostraran persecución política o ideológica específica. Bastaría con acreditar de forma documental que el familiar emigró de España dentro de esa ventana de fechas. Veremos cómo termina este asunto.
Otra más… El proceso de regularización de inmigrantes que se llevó a cabo hace unos meses duplicó con creces las previsiones iniciales del Gobierno, que estimaba regularizar originalmente a unas 500.000 personas y llegó a casi 1.200.000 solicitudes. Para demostrar haber entrado y residido en España antes del 1 de enero de 2026, servía cualquier cosa: envíos de dinero, registros médicos o facturas que demostraran una permanencia ininterrumpida en nuestro país de al menos 5 meses. Todo vale.
Y lo de Ceuta… Los días 30 y 31 de julio, más de 80.000 personas entraron desde Marruecos a una ciudad de algo más de 83.000 habitantes. Casi 3 meses después, y con los migrantes que siguen allí, sigue habiendo presión hospitalaria, desbordamiento de infraestructuras locales y plazas humanitarias, pérdidas millonarias en el tejido comercial, problemas de salud pública, movilidad restringida de los ciudadanos ceutíes… A día de hoy, las cifras no son claras respecto a cuántos migrantes permanecen en Ceuta sin que el Gobierno haga nada. Se estima que quedan todavía entre 10.000 y 15.000 personas.
Así las cosas, ¿cómo voy a entender nada de lo que está pasando?
Mª Ángeles Fuentes
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