A raíz de la operación Mari Carmen perpetrada por el Sindicato de Inquilinas, mucha gente de buena fe, genuinamente preocupada por la especulación y por el drama de la escasez de vivienda, ha llegado a creer que la acampada de Sol pretende resolver el problema habitacional.
Nada más lejos de la realidad en este mundo al revés donde nada es lo que parece. Se trata de una operación planificada que ha desviado la atención sobre este gobierno agonizante justo en un momento sumamente complicado para él. Profusamente difundida por el gran aparato de propaganda del gobierno y con órdenes a los mandos policiales para que no actúen, no parece que se trate de una revolución contra el poder establecido. Más bien apoyar un asalto del poder establecido contra los pequeños propietarios, que suponen el 92% de las viviendas en alquiler.
Comprendo que en la Puerta del Sol haya mucha gente joven angustiada por un futuro en el que no se vislumbra una salida al problema tan acuciante de la falta de vivienda. Pero basta con rastrear el historial de los portavoces del Sindicato de Inquilinas para descubrir el engaño. Se trata de personajes de barrios ricos formados en las mejores universidades privadas extranjeras. Otros directamente se han formado en la red de centros del United World College y en la School of Oriental And African Studies, centros de ideología globalista relacionados con las Open Society Foundations de Geroge Soros. Con estas pistas es fácil intuir la finalidad política y no transversal en la defensa de un derecho de todos. La campaña está salvando a un gobierno corrupto que no ha querido modificar las leyes responsables del efímero desahucio de Mari Carmen de su barrio pudiente. Pero sobre todo va contra la clase trabajadora. El discurso contra los fondos buitre ha pasado a ser contra las «pymes buitre» y finalmente contra el «casero buitre», un carroñero sin escrúpulos. Y así es como se deshumaniza primero y se criminaliza después a un grupo humano convirtiéndolo en el chivo expiatorio. Estrategias tan viejas nos retrotraen a épocas oscuras, en las que sirvieron para justificar todo tipo de atrocidades contra el grupo señalado, que ahora es “el propietario”.
Como en toda película mala y pueril, al personaje del villano se opone el del héroe, en este caso representado por “el inquilino”. Un relato para desatar la guerra entre bandos, entre inquilinos y propietarios, entre jóvenes y boomers, izquierdas y derechas, extranjeros y autóctonos. Algo muy perverso e irresponsable, impulsado por organizaciones a las que podríamos apodar como sindicatos hiena, que no buscan resolver el problema, sino medrar con las situaciones límite y carencias habitacionales, que a buen seguro es donde encuentran sus mejores tajadas. Tiempo al tiempo.
En estos ocho años de legislaturas seudoprogresistas, el gobierno no ha hecho nada por la vivienda, mientras la población en España ha aumentado en más de 3 millones de personas, mayoritariamente provenientes de la inmigración, llegando ya a los 50 millones.
El argumento manipulado de la intervención estatal sobre las viviendas de los particulares como única salida ante la urgencia habitacional pone en evidencia a los sindicatos hiena, que silencian toda postura a favor de la construcción de nueva vivienda. Solo el 8% de la oferta de alquiler lo constituyen fondos de inversión y grandes tenedores como muchos personajes de la izquierda postureta que incluso tienen inmobiliarias.
Prorrogar indefinidamente los contratos o indemnizar a los inquilinos es encubrir una expropiación forzosa de hecho sobre los pequeños propietarios, sin recursos para defenderse. Está claro contra quién va esta guerra. Hace tiempo que esta seudoizquierda despidió a la clase trabajadora.
A su vez este decreto, acompañado de la permisividad ante la okupación y la inquiokupación, ha generado una inseguridad jurídica sin precedentes. Ya nadie va a alquilar su casa por el riesgo de perderla. Un contrato firmado hace tiempo es papel mojado si las nuevas leyes hechas en dos días tienen efectos retroactivos. Un gran perjudicado será el inquilino que busca casa y al que le será imposible alquilar si es vulnerable.
La permisividad en la degradación de los barrios es el paso previo para la expulsión de sus vecinos y la usurpación a bajo coste de sus viviendas por gente sin escrúpulos y fondos de inversión. ¿Quién compra una casa okupada? ¿Una familia para vivir o una gran empresa que puede esperar a juicio o pagar a los okupas? Como en toda mafia son necesarios unos sicarios que hagan el trabajo sucio.
Resolver esta agonía pasa por construir vivienda nueva, también protegida y social, que aumente la oferta y rebaje la especulación. Además, pasa por una seguridad jurídica que evite que esto sea la ley de la selva. Esto debe ser una prioridad absoluta de los poderes públicos: impulsar la construcción, liberar suelo, subvencionar ayudas y créditos, coordinarse entre administraciones, facilitar licencias y requisitos, eliminar trabas, bajar impuestos confiscatorios. Formar gente para la construcción que luego sea bien remunerada también es importante.
La renuncia y la negativa a la construcción de vivienda constituye la estrategia necesaria para sostener la tensión social y el marco de escasez oportuno para promulgar decretos confiscatorios que en otra situación tendrían amplia respuesta social. El objetivo es arrebatar la propiedad, la soberanía, los derechos y la autonomía a una clase media empobrecida, heredera de aquel estado del bienestar que ahora el globalismo tecnocrático y autoritario quiere finiquitar. Incautarse de las casas de nuestros padres y abuelos es la prioridad. Se trata de arrebatar lo que se ha denominado la gran transferencia de riqueza, en la que al menos 75 billones de euros forman la herencia de las familias en Europa, mayoritariamente sus viviendas familiares que forman casi exclusivamente todo su ahorro.
Avisados estamos.
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