Linda D’Ambrosio
En distintos rincones de Lavapiés se está haciendo cada vez más habitual encontrarse con personas que deambulan bajo los efectos de las drogas, consumen en espacios apartados o han convertido determinados puntos oscuros y poco transitados en lugares donde dormir, pasar el día o hacer sus necesidades. A su alrededor se acumulan basura y residuos, mientras algunos recovecos adquieren poco a poco las características de improvisadas viviendas o zonas de consumo.
Mirar de frente esta realidad no significa criminalizar la pobreza. Detrás de muchas de estas situaciones hay historias de exclusión, falta de vivienda, problemas de salud física o mental, consumo problemático de sustancias y ausencia de redes de apoyo. Son situaciones que requieren atención social, sanitaria y habitacional, no indiferencia.
Pero reconocer la vulnerabilidad tampoco puede significar ignorar lo que ocurre en el entorno ni el impacto que tiene sobre quienes viven, trabajan o transitan por el barrio. Cuando no existe una respuesta adecuada, el resultado es el deterioro del espacio público y el debilitamiento de la convivencia.
La vulnerabilidad no invalida los derechos de los demás
Una persona sin hogar tiene derecho a recibir atención y a ser tratada con dignidad. Una persona con una adicción necesita ayuda, no únicamente sanciones. Una persona con problemas de salud mental necesita asistencia.
Pero un vecino también tiene derecho a vivir su barrio en condiciones razonables de seguridad y salubridad. Un trabajador tiene derecho a entrar y salir de su puesto sin sentirse intimidado. Un peatón tiene derecho a recorrer una calle o atravesar un parque. Y todos tenemos derecho a un espacio público limpio, accesible y seguro.
La convivencia consiste precisamente en hacer compatibles esos derechos.
Si no existe violencia, una amenaza concreta o un delito, la intervención policial tiene sus límites. Pero que no exista un delito no significa que no exista un problema. Ahí deberían aparecer otros recursos: servicios sociales, atención sanitaria, equipos especializados en adicciones, salud mental, vivienda, mediación y acompañamiento social.
El problema comienza cuando ninguno aparece, o cuando lo hace de forma insuficiente, esporádica o descoordinada.
Los agravantes
También hay factores urbanos que pueden favorecer que estas situaciones se oculten y se perpetúen. Vallas provisionales, obras, espacios abandonados, zonas mal iluminadas o rincones poco transitados pueden convertirse en lugares donde dormir o consumir sin ser vistos.
Una valla no provoca una adicción y una obra no crea exclusión social. Pero determinadas configuraciones urbanas pueden hacer que un problema quede fuera de la mirada pública y, con ello, fuera de la intervención institucional.
No se trata de expulsar de la vista a las personas vulnerables. Se trata de evitar que la falta de visibilidad se convierta en falta de intervención.
Una responsabilidad de las instituciones
Defender los derechos humanos implica reclamar que las instituciones cumplan con sus obligaciones. Precisamente porque estas personas tienen derechos, necesitan que los organismos competentes se hagan cargo de su situación.
Y actuar no significa únicamente desalojar. Si se desplaza a una persona sin ofrecerle una alternativa, probablemente aparecerá en otro lugar. Si se limpia un espacio sin intervenir sobre las circunstancias que han llevado a utilizarlo, probablemente volverá a deteriorarse.
La respuesta debe ser integral: recuperar el espacio público, pero también atender a las personas; garantizar la seguridad, pero también ofrecer alternativas; intervenir ante las infracciones o delitos, pero también actuar antes de llegar a ese punto.
En este sentido, se hace ineludible un llamado al Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid para que actúe.
No esperar al delito
La convivencia no empieza a deteriorarse cuando alguien comete un delito. Esperar a que aparezca la violencia más grave para actuar supone, muchas veces, llegar demasiado tarde.
Ese es el verdadero reto de la convivencia en Lavapiés: no esperar al desenlace para empezar a ocuparse de la génesis.
Porque una sociedad que solo sabe reaccionar cuando el problema ya ha estallado demuestra que sabe intervenir, pero no necesariamente prevenir.
Y Lavapiés necesita ambas cosas.
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