Juan Miguel Nogués García
Aunque siempre han existido, la sociedad española (y no solo) ve con gran repulsa el aumento de conflicto de intereses y la aparición de puertas giratorias entre el Gobierno y el sector privado, demostrando que la línea que separa a los dos ámbitos es cada vez más delgada, motivo que provoca que los ciudadanos pierdan la confianza en el Gobierno si existen sospechas de parcialidad, especialmente cuando se trata de los políticos, los partidos políticos y los empleados públicos.
Así, se crean lobbies de intereses que responden al posicionamiento de la toma de decisiones en distintos ámbitos, y en su composición no existen diferencias ideológicas entre sus miembros directivos. Es el caso de la consultora de asuntos públicos Acento, fundada por los expolíticos José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), contratada para representar los intereses de los agricultores marroquíes en la Unión Europea frente a las restricciones judiciales y comerciales. El trasfondo del conflicto radica en que Marruecos ha tratado reiteradamente de alcanzar acuerdos con la Unión Europea para vender los derechos de explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental a compañías europeas (un territorio cuya ocupación ha sido declarada ilegal), sin obtener el consentimiento del pueblo saharaui, máxime cuando la justicia europea ya se pronunció en contra de Marruecos al considerar que los pactos suscritos con la Unión Europea vulneraba el derecho internacional.
El acuerdo suscrito por Marruecos con Acento, en el plano internacional, supone una implicación directa con la diplomacia marroquí sobre un uso político y económico de la migración y la infraestructura como moneda de cambio.
Las puertas giratorias en el caso de Acento han sido utilizadas por las dos principales formaciones políticas del Estado español. Fundada en 2019 por el exministro socialista José Blanco y por Antonio Alonso, exministro del PP, se incorporaron influyentes figuras políticas como Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, y Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE, afín a las posturas de Marruecos. La consultora también ha incorporado a familiares de altos cargos políticos, como Esteban González Guitart, hijo del eurodiputado Esteban González Pons.
Estos comportamientos de políticos que usan su paso por los importantes puestos de decisiones que afectan e impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos a los que representan y de los contactos que se producen hoy día a nivel global deterioran la convivencia y generan desconfianza en el sistema democrático. Esa desconfianza genera que prosperen elementos que atentan contra los valores más esenciales como la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad.
En las actuaciones judiciales que se llevan a cabo en casos que afectan directamente al ejercicio de los afectados de las puertas giratorias, la opinión generalizada es que todos los políticos son iguales. No se tiene en cuenta que la mayoría de los representantes llevan una vida honesta y en absoluto abusan del poder que hayan podido ejercer; al contrario, en muchos casos ha supuesto un gran sacrificio personal tanto para él como para sus más allegados. Hay que resaltar esos ejemplos. Es la concienciación de una sociedad exigente con sus representados la que ponga límite a que la representación que se lleve a cabo suponga un trampolín para la defensa de intereses corporativos ajenos al interés general.
El caso Acento es claro ejemplo de cómo la puerta giratoria entre lo público y lo privado, combinado con diplomacia paralela, puede socavar la transparencia democrática y comprometer la soberanía en decisiones clave, como la que supone la situación del Sahara Occidental, tras el reconocimiento por parte del Gobierno español, mediante carta enviada por el presidente al rey de Marruecos en marzo de 2022, en la que le comunicó reconocer la propuesta de autonomía marroquí de 2007 como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto del Sahara Occidental, lo que supuso un cambio de postura radical por parte de España como potencia administradora del Sahara reconocida por la ONU. Ese cambio se produce tras los Acuerdos de Abraham firmados por Trump con Marruecos, el cual también reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara, a cambio del reconocimiento de este con Israel.
