José Luis Priego Sánchez
Presidente de la Asociación CAMUS (Comunidad de Apoyo a la Migración Unida y Sostenible)
Desde CAMUS hemos defendido que una persona no puede vivir eternamente en la irregularidad administrativa. Por eso no hemos cuestionado la necesidad de regularizar, cuestionamos cómo se ha diseñado y ejecutado la regularización extraordinaria. El Gobierno la presentó como un acto de “normalización y justicia social” y como uno de los grandes legados de la legislatura, pero una decisión histórica no se convierte en buena política por ser histórica.
El primer dato que debe hacernos reflexionar es que se hablaba inicialmente de unas 500.000 personas potenciales beneficiarias. El proceso terminó con 1.178.978 solicitudes registradas (Ministerio de Inclusión), más del doble. Revela que las previsiones y la planificación no estaban a la altura, y la cifra tiene una segunda vida: hay que tener en cuenta la reagrupación familiar (esta cifra puede multiplicarse) y las nuevas necesidades de vivienda, educación, sanidad, servicios sociales y empleo.
Regularizar no puede significar simplemente entregar un documento y dar por terminado el problema. Significa abrir una puerta, construir el camino y hacer que este sea el medio y la apuesta para la integración.
España necesita a muchos de estos procesos. El INE señala que la población creció en 97.021 habitantes durante el primer trimestre de 2026 y el aumento de la población nacida en el extranjero. A 1 de abril había 10,15 millones de personas nacidas fuera del país. Se proyecta que el crecimiento poblacional futuro dependerá exclusivamente de la migración internacional. (Fuentes: INE, Estadística Continua de Población y Proyecciones de Población 2026-2076).
Por tanto, necesitamos migración, pero integrada, formada y con derechos y obligaciones, una regularización acompañada de inversión real; si no invertimos ahora, podemos convertir una oportunidad en una nueva bolsa de precariedad.
Los datos laborales muestran las dos caras: en junio de 2026 había más de 3,4 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, más del 15,14% del total, y unos 160.000 ya estaban vinculados al proceso de regularización. Es una aportación fundamental, pero la EPA del segundo trimestre sitúa el paro en 2.495.300 personas y la tasa en el 9,87%. No podemos incorporar a más de un millón de personas a un mercado laboral que arrastra problemas de vivienda, salarios insuficientes y productividad. (Fuentes: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, INE, EPA).
La integración social es la otra gran asignatura pendiente. No basta con trabajar, hay que pretender conocer al vecino, compartir espacios, participar, aprender la lengua, entender las normas comunes y sentir que España también es casa. Eso requiere políticas públicas, pero también responsabilidad individual. Una responsabilidad a los que estamos abajo, ya que a los de arriba no se les espera.
El fracaso de la integración tiene un precio público: cuando faltan recursos y las soluciones parecen abandonadas, aparece el terreno perfecto para convertir a las personas migrantes en culpables de problemas mucho más complejos. Lo vemos en el debate político y en las redes sociales migratorias. El “efecto llamada” debe analizarse con rigor, las imágenes de descontrol alimentan el miedo y la sensación de que no existe una política migratoria ordenada.
Y ahí la extrema derecha encuentra carne fresca: discursos que hace unos años eran rechazados empiezan a normalizarse cuando el miedo y la frustración ocupan el espacio público. La solución no es llamar racista a quien tiene miedo, hay que demostrar que la migración puede gestionarse con humanidad, pero con unas bases de orden, planificación y responsabilidad.
Desde CAMUS no queremos una sociedad dividida entre “ellos” y “nosotros”, queremos que quien llegó pueda aportar, trabajar y sentirse parte de nuestra sociedad, y que quien ya estaba aquí pueda sentir que sus derechos, sus servicios públicos y sus oportunidades también están protegidos. Regularizar era necesidad, hacerlo bien era imprescindible. Ahora toca lo difícil: integrar. Una política migratoria no se mide por cuántos expedientes se tramitan, sino por qué sociedad construimos después.
No esperamos manos de los de arriba, estamos solos, o nos abrazamos entre los de abajo, nos miramos a los ojos y construimos una sociedad mejor, o dejamos que otros construyan nuestro miedo por nosotros.
