Los cinco consejeros propuestos por el Gobierno para integrar la comisión de control del macrofondo creado para gestionar los Planes de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (PPPE) han dimitido por “desacuerdo con las retribuciones” y por la “parálisis del fondo”.
Desde los años 90, los Planes Privados de Pensiones se implantaron en grandes empresas como Telefónica, con el apoyo de CC.OO. y UGT, dando lugar a escisiones y a la creación de nuevos sindicatos opuestos a tales medidas. En 2022, el Gobierno PSOE-Sumar y sus apoyos parlamentarios reformaron la Ley General de Seguridad Social para permitir que los PPPE se incluyeran en los convenios marco mediante acuerdo de la patronal y los sindicatos. Esos planes debían ser tanto un paso decisivo hacia la privatización de las pensiones como un instrumento de captación de miles de millones de dinero para el capital financiero, sacándolo de los bolsillos de los trabajadores.
La gestión de los PPPE la realizan VidaCaixa, BBVA, Santander, Ibercaja y Caser. Los consejeros de la gestora, cinco designados por el Gobierno (todos ellos exdirectivos de grandes bancos), cuatro representantes de la patronal y cuatro de los sindicatos, deberían recibir jugosas retribuciones, vinculadas al desarrollo de los Planes. En concreto, 40.000 euros por las reuniones que se llevaran a cabo, más una cantidad extra por cada reunión adicional, con un máximo de 22 al año. Ahora han dimitido al comprobar que el maná se ha secado y que la prometida gallina de los huevos de oro se ha negado a colaborar.
Al principio todo parecía ir sobre ruedas. Los grandes sindicatos, que son los ejecutores directos del atraco a los trabajadores, colaboraban a las mil maravillas. El primer gran paso se dio en 2023, cuando los PPPE se incluyeron en el Convenio Marco de la Construcción, sin que los más de un millón de trabajadores afectados tuvieran la menor noticia de ello. La complicidad de CC.OO. y UGT, que participan en la gestora junto a la patronal y se reparten cantidades anuales en torno al millón de euros (solo por lo que respecta a la gestión del fondo de empleados públicos), ha hecho posible el secretismo, factor clave para la ejecución de los Planes.
La ocultación y el engaño no han podido mantenerse mucho tiempo y, después de colocarlo en el Convenio Marco de la Construcción, el grifo se ha cortado, por ahora. Numerosos sindicatos de clase en desacuerdo con dichos planes han venido realizando asambleas y difundiendo información, sobre todo en el sector del Metal, mucho más organizado que el de la Construcción, y el siguiente candidato a seguir sus pasos.
Además, dichos sindicatos, junto con organizaciones de pensionistas, han firmado recientemente un importante documento en el que, además de denunciar colectivamente los Presupuestos de Guerra como una agresión directa contra la clase trabajadora, se comprometen a impedir que esos planes se lleven a cabo en las empresas y sectores en los que intervienen.
El documento completo se puede consultar aquí: https://encuentromo.org/
La noticia de la dimisión de esos gestores pone de manifiesto la parálisis del proyecto, que “pretendía sumar más de 2500 millones de euros en tres años, pero han pasado más de dos años y medio y aún no ha entrado ni un euro”.
Tampoco cabe duda de que la lucha de la clase obrera, máxime cuando se lleva a cabo de forma unitaria, consigue frutos y paraliza proyectos que, como este y como tantos otros, se basan en la ignorancia, cuidadosamente amasada por “agentes sociales” que son verdaderos agentes de la burguesía en el movimiento obrero y por un Gobierno que representa directamente los intereses de los grandes bancos y multinacionales.
La lucha es el único camino porque, si bien la victoria es difícil, sin combate la derrota está garantizada.
Ángeles Maestro
