María García Gómez
El informe más reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las pensiones —publicado el 29 de mayo de 2026— ofrece un diagnóstico claro: la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente, pero no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Las pensiones es uno de los principales problemas políticos, sociales y económicos que tenemos en nuestro país por una sencilla razón: la demografía española, la pirámide poblacional de nuestro país, sugiere que el sistema público de pensiones, tal y como está planteado, es insostenible. Tenemos un sistema en España generoso, ya que la famosa tasa de sustitución, es decir, la pensión que se cobra respecto al último salario percibido, está en torno al 80% en España. En el mundo desarrollado, la media de lo que se cobra de pensión pública respecto al último salario percibido por los ciudadanos se acerca más al 50% que al 80% que tenemos en nuestro país. Lo que nos está diciendo el informe es que dentro de unos años nos vamos a ir prácticamente al uno a uno, es decir, una persona trabajando por cada persona que se jubila.
Además, el Banco de España ha publicado varios estudios concluyendo que el valor presente de las pensiones recibidas es muy superior al valor presente de las cotizaciones aportadas, y que el retorno neto para un trabajador medio puede ser del 70 % al 100 %, es decir, que la pensión que cobran los jubilados en España es una pensión en la que cada pensionista recibe un 70% más de lo que ha aportado.
Todo esto está propiciando que cada vez sea más insostenible el sistema, porque con lo que se paga en España en cotizaciones sociales no se termina de cubrir necesidades para el pago de las pensiones. Solo en las pensiones de jubilación, el déficit es de 33.000 millones de euros. Pero, si nos vamos a todas las pensiones que se pagan en España, el déficit ahora mismo supera los 60.000 millones de euros, según un informe del CEU.
La AIReF está tratando de trasladar que, si el gasto real en pensiones este año se desvía mucho de lo que había proyectado el Gobierno, o de lo que había presupuestado el Gobierno en gasto en pensiones para este año, se tendrá que activar el mecanismo automático que diseñó el ministro Escrivá: el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que es una cotización adicional aplicada a todas las nóminas, cuyo objetivo es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la “hucha de las pensiones”).
Es decir, que por mucho que el Gobierno diga que el sistema está garantizado, que no hay ningún problema con él y que hay dinero en la hucha de las pensiones, lo cierto es que varios informes indican que no alcanza con las cotizaciones a la seguridad social para pagar todas las pensiones públicas que tenemos hoy encima de la mesa. Tanto es así que hay que seguir recurriendo a lo que se llama los famosos presupuestos generales del Estado, que supone financiarlo mediante déficit y deuda, que son impuestos futuros.
El sistema que tenemos nosotros es de reparto; esto quiere decir que las cotizaciones de los trabajadores actuales (empleados y empresas) financian las pensiones de los jubilados actuales. No existe una “hucha individual” para cada persona. Las pensiones futuras dependen de cuántos trabajadores haya, cuánto coticen y cuántos pensionistas haya. Es un sistema intergeneracional: cada generación paga las pensiones de la anterior.
La pregunta clave es qué habría que tocar para que el sistema de pensiones sea sostenible y no solo “cumpla la regla”. Varios informes indican que no basta con subir cotizaciones y cumplir la regla de gasto. Hace falta una reforma integral que combine ingresos, gasto, edad efectiva de jubilación y gobernanza fiscal. Ampliar la base de cotizantes: empleo de calidad, menos temporalidad, más productividad. Vincular mejor los impuestos generales y pensiones mínimas, para que la parte más asistencial no dependa solo de cotizaciones. Ajustar el periodo de cómputo con lógica clara: que refleje la carrera real, pero sin castigar en exceso a quienes han tenido lagunas. Revisar complementos y pensiones mínimas financiándolos más claramente vía impuestos, no solo vía cotizaciones. Evaluar periódicamente el impacto de cada reforma (no se trata de “recortar pensiones”, sino de alinear lo que se promete con lo que el sistema puede pagar de forma estable). Y aumentar la edad efectiva de jubilación, creando incentivos fuertes y claros para seguir trabajando más allá de la edad legal.
