Por María Isabel Dorado
Estamos en una era en la que el comercio tradicional, el del barrio, el de toda la vida, ha sido masacrado por las grandes superficies contra las que es difícil competir. Se ha cambiado el paradigma del consumo de cercanía por la adquisición de productos de otros lares, aunque perdamos en calidad y nuestros comerciantes pierdan su modo de vida. La pandemia hizo el resto.
Con la caída del pequeño comercio y la gran escasez de vivienda, además del coste de estas, los dueños de locales comerciales, una vez que bien por su jubilación, bien forzados por la situación, decidieron echar el cierre, y ellos mismos en algunos casos, o una vez vendido el local a terceros (habitualmente inmobiliarias), reconvirtieron, y siguen haciéndolo, los locales comerciales en viviendas, pero no solo para uso turístico, sino para viviendas de uso permanente, y es aquí donde surge el problema.
En la gran mayoría de los casos, los locales poseen sótanos que, lejos de dejar de usarlos salvo para almacenaje, como era su primigenia función, reacondicionan para uso habitable, aunque carezcan de luz y ventilación natural, a pesar de la peligrosidad que supone el hecho de ser espacios bajo rasante, sin ni siquiera salida directa a la calle, y el riesgo de muerte de quien lo habita, caso de incendio.
Cada vez más, si se visita un local de estas características, los promotores de la venta utilizan subterfugios para vender al incauto comprador que, desconociendo muchas normativas, encuentra un lugar donde vivir, sin que nadie le avise de la legalidad o el peligro de lo que compra.
El hábil hacedor de las obras y venta del inmueble, sibilinamente, solicita permiso para cambio de uso, pero omitiendo que su propósito es adecuar también como vivienda el sótano del local. Una vez conseguido, todo es coser y cantar. Se hace obra completa.
Ventilación forzada que, obviamente, debe reconducir el aire por cámaras de entre paredes, lo cual significa que no existe renovación real, sino aire viciado circulando permanentemente. Escaleras que se tapan para la inspección y a las que, una vez vendido el local, se les dota de la correspondiente balaustrada. Ventanas exteriores que no existen en planta baja y que se abren a posteriori, aun sin licencia y con rotura de muros de carga…
Y, mientras tanto, el Ayuntamiento no hace las correspondientes inspecciones antes, durante y al final de obra, incluso una vez que la vivienda esté habitada, para comprobar la realidad del proyecto y su legalidad. Contratan a empresas homologadas (ECU) para autorizar el cambio de uso y, con eso, fin. Si el hacedor pone tablones de ocultación de escaleras descendentes, se consigue la idoneidad de habitabilidad, y aquí paz y después gloria.
Son cientos o miles los locales que han sufrido estas transformaciones, convirtiéndose en trampas mortales para sus ocupantes, mientras la Administración mira para otro lado y escurre el bulto de construcción de vivienda pública. De paso, si tenemos la desgracia de que se produzcan muertes por este hecho, los que perezcan dejarán de sumar en la búsqueda de un espacio donde vivir. La ecuación perfecta.
No sirve de nada denunciar, porque ni siquiera se molestan en ir a inspeccionar y mucho menos contestarte.
Hemos de exigir rigor a las Administraciones, que inspeccionen y sancionen si es necesario a los promotores, además de la ilegalización de ese tipo de viviendas. No todo vale.
