Como todos los años, abril es para rendir cuentas a Hacienda de todo el vil dinero que hemos ganado con nuestro esfuerzo y tesón, y además comunicar en qué lo hemos gastado. Como si Hacienda no lo supiera ya de antemano. No se entiende.
Durante y después de este magno evento de todos los años, las estadísticas nos dicen que hay 630 reclamaciones diarias ante los tribunales, con tasas de éxito para los contribuyentes de un 40 %.
La Agencia Tributaria, como un servicio público, y sus funcionarios deberían tener la obligación de facilitar los procesos a la hora de cumplir con nuestras obligaciones fiscales.
Pero no, eso quedó atrás: la relación entre Hacienda y los contribuyentes se ha ido malogrando. Nos vemos enfrentados como enemigos, nos vemos intimidados por el ente público, en el día de hoy.
Un error administrativo −que normalmente lo tenemos a consecuencia de padecer uno de los sistemas tributarios más intrincados y cuyas normas a veces son muy difíciles de comprender− es suficiente para poner en situación difícil y en pánico a un contribuyente, una familia o una empresa durante años.
Esto ha ido generando miedo, que ha servido para amordazarnos, no será cosa que nos toque a nosotros también.
El problema es que el fantasma que nos acecha todo el año ha crecido tanto que nadie recuerda que hay una Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, creada con el objetivo de evitar los posibles abusos del sistema. Claro está que esta norma pasó a ser prácticamente letra muerta desde la llegada de Zapatero el año 2004.
El economista Ignacio Ruiz-Jarabo, que dirigió la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, dice en una entrevista que, desde entonces, las cosas han ido de mal en peor. En la práctica, el Estado siempre gana y el contribuyente siempre pierde.
Se ve la necesidad de respetar la presunción de inocencia, la eliminación de los bonus ligados a las sanciones y replantearse la recaudación que perciben los inspectores y también el disparate de los embargos preventivos, y demostrar que VeriFactu no es un enemigo, sino que da facilidades a los autónomos, empresas e instituciones al momento de facturar.
La presión fiscal del actual Gobierno le ha permitido un crecimiento de 3,5 puntos, con niveles históricos de recaudación y que no se condicen con el pésimo funcionamiento de los servicios públicos.
Acá el debate no es ideológico, sino institucional. Es analizar si el sistema mantiene un equilibrio entre la potestad administrativa y los derechos individuales, que garantice proporcionalidad y seguridad jurídica.
El ciudadano se queja del envío masivo de notificaciones que, en muchos casos, debemos omitir porque dichas notificaciones no nos corresponden. Claro, a saber, después de llamar a la Agencia Tributaria, ocupando nuestro tiempo. Otra de las quejas es que nos traten como defraudadores, cuando no hay intención de delinquir.
Todo esto lleva a los contribuyentes a denunciar frecuentemente al fisco, que se equivoca y no poco. Se calcula que, a mediados de 2025, la suma de la deuda fiscal pendiente de cobro y la factura de las indemnizaciones superaban los 42.000 millones de euros.
Todo esto nos lleva, como consecuencia, a desincentivar la inversión y dar una imagen de arbitrariedad incompatible con los estándares de una economía avanzada.
Nos enfrentamos a un sistema tributario complejo. El manual del IRPF tiene 1300 páginas y, además, no hay seguridad jurídica y nos enfrentamos a demasiadas evidencias de que la relación causa-efecto cada día parece menos clara.
Tenemos evidencia de que la red ferroviaria, las carreteras, las infraestructuras hídricas y energéticas colapsan. Esta crisis de gestión se extiende cada día, sin que el Gobierno haga algo ni por asumir responsabilidades.
Juan Manuel Muñoz Jara
