El pasado 14 de abril de 2026 se cumplieron 95 años desde el 14 de abril de 1931. Ese día se restauró la II República española, después de unas elecciones municipales donde los partidos monárquicos perdieron en las grandes ciudades. La República vino de la mano de los intelectuales y académicos. Tuvo desde el primer momento una gran oposición de los partidos monárquicos, la Iglesia y los movimientos anarquistas. Algunos intelectuales dijeron: «Traemos la República sin republicanos». No podemos imaginar qué hubiera sido de España si hubiera podido desarrollarse sin impedimentos y sin el levantamiento militar que nos llevó a una guerra civil, que es la peor guerra que se puede tener.
El 14 de abril de 1931, España no solo cambió de régimen: cambió de siglo. Las elecciones municipales del 12 de abril, aunque técnicamente no eran un plebiscito sobre la forma de Estado, funcionaron como tales en el imaginario colectivo. El triunfo de las candidaturas republicano-socialistas en 41 de las 50 capitales de provincia fue un mensaje atronador: la monarquía de Alfonso XIII, vinculada al fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, había perdido la legitimidad de las ciudades, el corazón palpitante del progreso.
La Segunda República ha sido bautizada a menudo como la República de los Intelectuales. No es para menos. Figuras como Manuel Azaña, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala no solo apoyaron el cambio, sino que fueron sus arquitectos morales. España soñaba con ser una democracia europea de primer nivel y, para ello, los académicos creían que la educación era el motor principal.
«La República se trae en los libros antes que en las bayonetas», se escuchaba en los ateneos de la época. Sin embargo, aquí reside una de las singularidades. El propio Ortega y Gasset, poco después de la proclamación, pronunció su famoso y decepcionado «¡no es esto, no es esto! Traemos la República sin republicanos«, que reflejaba el temor de una élite ilustrada que veía cómo la estructura social de España −profundamente agraria, analfabeta y bajo el control de caciques− no estaba preparada para el ritmo vertiginoso de los cambios que ellos proponían desde sus despachos en Madrid.
Para entender qué perdimos, debemos entender qué se intentó. El primer bienio (1931-1933) fue un torbellino de reformas que buscaban sacar a España de un letargo de siglos:
La reforma educativa: Se crearon miles de escuelas y se lanzaron las Misiones Pedagógicas. Intelectuales y estudiantes llevaban libros, reproducciones de cuadros del Museo del Prado y teatro (como La Barraca, de García Lorca) a los pueblos más remotos donde nunca habían visto un cinematógrafo.
La reforma agraria: El intento de acabar con el latifundismo que condenaba a millones de campesinos a la miseria en Andalucía y Extremadura fue, quizás, el proyecto más necesario y, a la vez, el que generó una oposición más feroz por parte de la oligarquía.
El voto femenino: Gracias a la tenacidad de Clara Campoamor, España reconoció el derecho al sufragio de las mujeres en 1931, adelantándose a países como Francia o Italia.
La cuestión religiosa: La Constitución de 1931 estableció un Estado laico, lo que supuso un choque frontal con la Iglesia católica, que hasta entonces controlaba casi en exclusiva la educación y la moral pública.
El movimiento anarquista (CNT/FAI): Para los anarquistas, la República no era más que un «Estado burgués» con otro nombre. Su estrategia de «acción directa» y sus constantes insurrecciones socavaron la estabilidad de un Gobierno que intentaba hacer cambios por la vía legal y parlamentaria.
El estamento militar: Una parte del Ejército, de mentalidad africanista y conservadora, nunca aceptó la autoridad de los políticos civiles ni las reformas de Azaña, que buscaban modernizar y reducir el excesivo número de oficiales
A 95 años de aquel abril, la Segunda República no debe verse solo como un fracaso que terminó en tragedia, sino como un intento valiente de modernización. Fue el momento en que España decidió que quería dejar de ser un país de siervos para ser un país de ciudadanos.
Francisco José Alonso Rodríguez
Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos
