Leguina le mete el dedo en el ojo a Ayuso por sus polémicos pagos a Quirón y Ribera
El último informe anual de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un duro dardo para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al detallar los costes reales del modelo de gestión público-privada y los pagos millonarios a los grupos Quirón, con el que hace polémicos negocios su pareja, y Ribera Salud. El organismo, presidido por Joaquín Leguina −expresidente socialista y hasta ahora una de las voces más complacientes con Ayuso—, aporta cifras y subraya la magnitud del gasto.
Según el informe correspondiente a 2024, la Comunidad de Madrid destinó 1.957 millones de euros a «convenios y conciertos para atención especializada», lo cual supone un aumento del 65,7% respecto al año anterior. La Cámara advierte que este incremento es difícil de justificar únicamente por presión asistencial y evidencia el peso creciente de la sanidad privatizada en el sistema público madrileño.
De ese total, los cinco hospitales públicos gestionados de forma privada —Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos (Móstoles), General de Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Hospital Universitario de Torrejón— absorbieron 1.755,6 millones de euros. La Fundación Jiménez Díaz lidera el gasto con 877,45 millones, casi lo mismo que los otros cuatro hospitales juntos, que suman 878,15 millones. El Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y recientemente envuelto en polémica por audios de su CEO sobre retrasar las listas de espera para hacer negocio a costa de la salud de la ciudadanía madrileña, recibió 144,4 millones.
A estos pagos se suman otros conciertos relevantes, como el de ambulancias o el Laboratorio Clínico Central, también gestionados por Ribera Salud, que percibió 20 millones de euros en 2024. En total, la factura de convenios y conciertos roza los 2.000 millones.
El informe también pone el foco en las liquidaciones pendientes y provisiones para pagos futuros. A los 1.755,6 millones reconocidos en 2024, la Comunidad debió dotar una provisión de 438,2 millones por obligaciones pendientes de reconocimiento, elevando la factura total de la gestión privada a 2.193,8 millones de euros. La Cámara subraya la complejidad del sistema de liquidaciones, especialmente por el modelo de libre elección de pacientes, que genera continuas reclamaciones administrativas e incluso procesos judiciales.
Mientras en 2023 los pagos pendientes a Quirón y Ribera alcanzaban 283,3 millones, en 2024 se dispararon a casi 910 millones. Además, las reclamaciones acumuladas de las concesionarias sumaban 105,82 millones en 2023 y 65,32 millones en 2024, a los que se añadieron 17 millones en intereses de demora por litigios.
Otro pilar del modelo madrileño son los hospitales bajo concesión de obra pública, donde la gestión sanitaria es pública, pero los servicios no asistenciales son privados. La Comunidad paga un canon anual que alcanzó 198,6 millones en 2023, con incrementos de entre 61% y 68% en centros como Infanta Sofía, Sureste o Puerta de Hierro en apenas tres años, pese a una serie de deficiencias en control contable y errores de imputación detectados por la Cámara.
Uno de los aspectos más polémicos es el llamado «reequilibrio económico», cláusula que permite compensaciones millonarias a las concesionarias. El Hospital de Torrejón ha ingresado 121 millones desde la llegada de Ayuso al Gobierno, incluidos 32,8 millones en 2024, lo cual evitó su quiebra.
Todo este entramado contrasta con el discurso de transparencia del Ejecutivo. Tras los audios de Ribera Salud, Ayuso reclamó que se publicase «íntegramente» el audio para acabar intentando cerrar el escándalo con una auditoría exprés que no detectó irregularidad. Su exigencia contrasta con la postura de la Consejería de Sanidad, que no publica desde 2021 las auditorías de hospitales de gestión privada ni, desde 2023, las actas de la comisión mixta con las concesionarias, donde se tratan precios y derivaciones por libre elección.
