Ha nacido una nueva casta laboral impune
La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, tenía como objetivo inicial la protección de los cuerpos de seguridad potenciando su presunción de veracidad en detrimento y menoscabo de los derechos de los ciudadanos, porque otorga poder absoluto a los primeros. Esta iniciativa fue votada afirmativamente por el Partido Popular y Ciudadanos. Pero lo que en principio se circunscribía a la esfera de las fuerzas de seguridad, la presunción de veracidad se extiende a otros funcionarios y especialmente a aquellos que están en los servicios sociales. Pero también incluye a los empleados de figuras jurídicas que se han beneficiado de la externalización de servicios y de ingentes cantidades de dinero a través de las subvenciones. Esto es más grave cuando los colectivos bajo estas figuras jurídicas y los servicios sociales del Ayuntamiento se ceban en colectivos extremadamente vulnerables como son los mayores discapacitados y de bajos ingresos. En primer lugar, está establecido que aquellos funcionarios, como los policías, las trabajadoras sociales y los agentes de la Comisaría de la Gestión de la Diversidad, deben practicar la escucha activa, pero no con los victimarios, sino con las víctimas. Nunca lo hacen. Esto lo he vivido en primera persona. He realizado denuncias indicando inclusive todas las personas que han pasado por el mismo maltrato. Jamás nadie nos citó para hablar con nosotros y ver pruebas. Es más, se ingresan los escritos o las denuncias por registro y jamás los leen. O hacen que no los han visto, que no saben nada del tema. Cuando hablas con ellos, ponen cara de no saber de qué hablamos. Ni siquiera te responden con un acuse de recibo o con las gestiones que han estado haciendo, porque normalmente son hechos graves. Nadie ha dado señales de vida hasta que tuve que poner la denuncia en el juzgado de guardia. El silencio de la Administración perpetúa el maltrato institucional.
Se llegó a darse una situación de maltrato en un piso de convivencia con una trabajadora del Servido de Asistencia a Domicilio. La resolución de la situación, por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento, ha sido apartar del servicio a la trabajadora y dejar sin servicio al usuario. Es decir, se ha castigado a las personas que viven el maltrato dejando impunes a los maltratadores y a sus protectores. Estas situaciones absurdas son producto de que hay que proteger a los servicios externalizados sin importar la calidad de los servicios prestados, porque no hay control de dichos servicios. Se utilizan habitaciones de bienes públicos, que deberían ser ocupadas por personas vulnerables, como trasteros privados; se malversan partidas de dinero público que no son dedicadas a los fines para los cuales se otorgaron; los usuarios pasan por graves situaciones de salud, como fracturas o embolias, sin que nadie aparezca; como nunca aparecen en los pisos gestionados no saben si un mayor con discapacidad, en periodos prolongados de calor, está vivo o muerto. Estas situaciones se dan a diario sin que ningún funcionario las detecte o le importe, sino que continúan cobrando dinero público como sueldo o subvenciones sin control de ningún tipo. Ciertos colectivos, como los mayores discapacitados, son negocio sin dar la contrapartida de los cuidados que demandan. Progresivamente se da una contrapartida de excelentes cuidados a mayores, que también están dentro del Programa, con pensiones altas, con propiedades, menospreciando a aquellos usuarios que no poseen una capacidad económica alta y distorsionando los objetivos de los servicios sociales de protección y cuidados. Aquellos usuarios que molestan, porque no dan los mayores beneficios, son maltratados, humillados, difamados, insultados, ninguneados para que de esta forma, si tienen alguna oportunidad por familiares, abandonen el Programa, dejando libre el lugar a usuarios con una mayor capacidad económica y que sea más redituable mantenerlos dentro del Programa. Estas son situaciones silenciadas ˗˗la mayoría rozan el delito˗˗ que se han convertido en una práctica extendida y de las cuales los medios no informan, aumentando la desinformación y la indefensión de colectivos vulnerables. Es el modelo al que nos dirigimos: las personas son valoradas según su capacidad económica. Una catástrofe social.
