No es la primera vez que escribo sobre ello, pero he nacido bajo el escudo de la protección del Estado de Bienestar, que nunca hasta hace muy poco se había cuestionado y que se refiere a una sociedad en su conjunto que, mediante mecanismos fiscales, permite crear políticas públicas para paliar, y en el futuro hacer desaparecer, los desajustes creados por el sistema económico imperante y la extrema corrupción estructural. Esta estructura está severamente cuestionada actualmente, aunque al mismo tiempo a todos nos tienen convencidos de que vivimos en un Estado de Derecho porque a veces funciona, muy bien con respecto a los desfavorecidos y para el resto de la población no tanto.
Para ello hay dos maneras de distorsionar el efecto de las leyes. Uno es aplicarlas parcialmente o demorando infinitamente la consideración del hecho y el fallo o resolución correspondiente. La otra es desnaturalizar los derechos públicos mediante la sorda, silenciosa, lenta y bajo cuerda externalización de dichos derechos (léase privatización a secas), sin que los medios de información generalistas se hagan eco del fenómeno.
De esta manera, van transformando un servicio sin ánimo de lucro en un servicio que descaradamente busca el beneficio, de ahí su desnaturalización. De esta forma se crea la ilusión de que el Estado de Bienestar, que costó tanto conseguirlo, parezca que se mantiene vigoroso y en plena forma, pero se va diluyendo, intentando que la población finalmente crea que debe desaparecer y, al mismo tiempo, crean que es pensamiento propio. Pero también hay una tercera vía: IGNORAR. Ignorar el mandato de la norma, la naturaleza de la misma y, por ende, desvirtuar el objetivo por el cual ha sido creada y posteriormente votada, ratificada o aprobada. Y es normal que ello ocurra.
La externalización de servicios o del usufructo de bienes públicos consiste en derivar la gestión completa o traspasarla a costos infinitamente más altos que si los hubiese gestionado la esfera pública. Esto hace que a las empresas a las cuales son traspasadas las gestiones no les interese brindar un servicio público, sino lucrarse con él. Este fenómeno es percibido por los ciudadanos como beneficioso debido a que han deteriorado previamente los servicios públicos, induciendo a pensar que son deficientes, ineficaces, un nido de corrupción, y solo la esfera privada puede brindarlos. Y tienen un modus operandi para ello.
En primer lugar, hacer caso omiso de su función pública, de controlar el uso
de los dineros públicos derivados a figuras públicas privadas. Estas empresas alegan que al ser privadas no debe cuestionarse sus actuaciones. Craso error, ya que, cuando una entidad privada recibe dinero público con objetivos concretos, estos deben inspeccionarse para saber si han sido cumplidos.
Segunda manera, negarse a crear una política pública que haga cumplir el mandato constitucional o del resto de las leyes. Un ejemplo clarísimo de ello es el mandato del artículo 47 de la Constitución española. Ignorando dicho artículo la vivienda cada vez se ha deteriorado en la medida en que no hay inspecciones en nuevas viviendas, sino que hay espacios comerciales convertidos en vivienda, antiguos pisos convertidos en dos o tres viviendas, usos de viviendas como hoteles, dañando los precios de los alquileres de cada barrio, o precios estratosféricos sin relación ninguna con la mayoría de los salarios.
Son las consecuencias de ignorar la norma. También podríamos hablar de la figura de la escucha activa, que está contemplada en el programa del mayor vulnerable. Sin embargo, aunque está escrita, ninguno de los funcionarios públicos la aplica. Es fundamental para la detección de maltrato o de malversaciones en las subvenciones públicas.
Solo está establecida por escrito, pero es ignorada completamente. Nunca la frase “Es papel mojado” está más vigente que ahora. No se puede solo decir que las normas están mojadas, sino que están empapadas, diluyendo la tinta impresa. Hacer la norma completamente inútil porque no tiene uso.
Eduardo Levaggi Mendoza
