El PP madrileño no deja de provocar. Mientras la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, entrega premios a los Estados Unidos de Donald Trump, el Gobierno autonómico que lidera y el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, acumulan escándalos y gestionan la región y la ciudad para una minoría privilegiada. La estrategia parece clara: ocupar el espacio público con confrontación ideológica mientras los problemas estructurales se enquistan en los barrios y la desigualdad avanza sin freno.
Los audios de Torrejón han evidenciado un modelo sanitario en el que la privatización beneficia a unos pocos; la sombra de Quirón y las polémicas en torno al entorno personal de Ayuso han alimentado la sensación de turbiedad; en Móstoles, la nefasta gestión política en relación con la denuncia contra el alcalde por acoso sexual vuelve a retratar una forma de gobernar más preocupada por el control de daños que por la ejemplaridad pública; y el escándalo de “los Pocholos”, ligado a las infrafinanciadas universidades madrileñas, muestra el desinterés del PP por la educación pública. Todo ello compone un paisaje desgastado que el PP intenta contrarrestar con golpes de efecto y ruido mediático.
En paralelo, la justicia ha frenado favores municipales al Atlético de Madrid con la llamada Ciudad del Deporte y al Real Madrid con el intento de convertir el Estadio Santiago Bernabéu en un macrosalón de conciertos permanente. Ayuso, además, se niega a aplicar la ley estatal de vivienda que permitiría topar alquileres disparados, en una región donde acceder a un piso se ha convertido en misión imposible para miles de familias trabajadoras.
Ese modelo tiene en Lavapiés su laboratorio más descarnado. El barrio se ha transformado en víctima de políticas neoliberales que priorizan el consumo y la rentabilidad frente al derecho a permanecer. La especulación inmobiliaria, la expansión descontrolada de pisos turísticos, la destrucción del comercio de proximidad y el empeoramiento de algunos servicios públicos dibujan un escenario deteriorado.
La plataforma Lavapiés al Límite, que agrupa a 52 colectivos, convocó el pasado 15 de febrero una manifestación bajo el lema “¡Levantadas por nuestro barrio!”. El malestar es fruto de años de decisiones políticas que han favorecido la entrada masiva de fondos de inversión y la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, ya que Martínez-Almeida está volviendo a entregar nuevas licencias y sigue sin perseguir los pisos turísticos ilegales.
Casos como el de Tribulete 7, donde las vecinas han logrado sentar en el banquillo a la socimi Élix Rental Housing II por coacciones y acoso inmobiliario; San Ildefonso 20, en manos de ATM TYR Real Estate (Trier Capital), que pelea por convertirse en cooperativa en cesión de uso; o las resistencias activas en Buenavista 25 y Zurita 22 frente a Gloriamundi Producciones evidencian que la especulación tiene direcciones concretas en Lavapiés y que la respuesta vecinal, articulada en torno al #NosQuedamos gracias a la ayuda del Sindicato de Inquilinas, también.
Las reivindicaciones son claras: frenar la especulación inmobiliaria, limitar los pisos turísticos −más de 17.000 en la capital−, reforzar los servicios públicos, crear zonas verdes e implantar un plan de limpieza y cuidados acorde a la realidad del barrio. La ciudadanía denuncia desahucios, contratos inestables y alquileres disparados y la degradación de espacios comunes que deberían ser protegidos por las administraciones.
El impacto no es solo económico. Las redadas por perfilamiento racial forman parte de un clima de criminalización que deteriora la convivencia. La población migrante es utilizada como chivo expiatorio mientras se profundiza un modelo que expulsa a las familias trabajadoras y fragmenta el tejido social.
Frente a la propaganda, la realidad es tozuda. Lavapiés no pide galardones: exige políticas que pongan la vida —y no los negocios de especuladores y amigos del poder— en el centro.
