La situación de la vivienda no deja de empeorar en España. En el mes de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un nuevo plan, consistente en triplicar el gasto público en vivienda, hasta los 7000 millones de euros, y que las comunidades autónomas asuman un 40 por ciento de este gasto. Este dinero apenas representa el 0,25 por ciento del presupuesto público anual.
La ley de vivienda, 12/2023 de 24 de mayo, se aprobó en mayo de 2023. El Gobierno anunció que los problemas se resolverían fijando el control de precios, prolongando de forma obligatoria los contratos de alquiler, aumentando los costes a los caseros o dificultando el desalojo de inquilinos morosos. La realidad es que, en estos dos últimos años, el precio del alquiler se ha disparado un 24 por ciento, la oferta de alquiler se ha hundido un 50 por ciento y la demanda ha subido un 20 por ciento. Si la oferta cae y la demanda sube, ¿qué pasa con los precios? Que se disparan.
Por otro lado, la fiscalidad sobre la vivienda es una de las más elevadas de toda Europa. El Estado ingresa 52 millones de euros en impuestos relacionados con la vivienda, pero anuncia 1700 millones de euros al año para invertir en vivienda pública. El Gobierno quiere disparar aún más los impuestos sobre la vivienda, de modo que, si tienes una segunda residencia, una casa vacía, vas a tener que pagar más IRPF, más IBI. Y también quiere aumentar el impuesto sobre plusvalías, de modo que, si vendes tu casa o heredas, el sablazo fiscal será mucho mayor.
Actualmente, los propietarios están absolutamente indefensos debido al Real Decreto 11/2020, aprobado en plena pandemia. Impide prohibir el desalojo de inquilinos morosos y de ocupas, en caso de que sean calificados como vulnerables. Es injusto que el propietario tenga que soportar esa carga. Para ello, pagamos impuestos y existen los servicios sociales. La gente honrada que ha trabajado toda la vida y ha ahorrado no tiene la culpa. Esto tiene repercusiones: los propietarios terminan cerrando sus casas, las venden o las ponen en alquiler turístico, y esto hace que se reduzca más la oferta de la vivienda en alquiler.
Sumar ha presentado en el Congreso una propuesta que aboga por la expropiación de inmuebles en manos de bancos y fondos de inversión para destinarlos al alquiler social. La medida, formulada como una proposición no de ley, apunta a las viviendas vacías, en desuso o amenazadas por desahucio. Plantea que el Estado tome posesión de estos activos para incorporarlos a un parque público de alquiler “asequible”, donde el precio no supere el 30 por ciento de los ingresos de los inquilinos. La iniciativa no aclara si pudiera afectar también a viviendas actualmente ocupadas de manera ilegal, pero sectores dentro de Sumar no lo descartan.
De mantenerse esta senda, el aumento de precios se va a intensificar. La demanda se concentra allá donde quiere vivir la gente, que es en los centros urbanos, donde hay más oportunidades para trabajar, y el problema es que allí no hay vivienda vacía. En España hay 4 millones de viviendas vacías, pero solo el 10 por ciento de estas viviendas están en los lugares que la gente demanda, y el resto están en otros pueblos, ciudades, zonas rurales donde no quiere vivir la gente porque no hay oportunidades laborales. Cada vez se crean más hogares, y no solo porque haya más población, sino porque el modo de vida de los ciudadanos está cambiando y cada vez hay más hogares unipersonales.
¿Cuáles serían las soluciones? Dar seguridad y certidumbre regulatoria a los propietarios, porque necesitamos todas las viviendas disponibles en el mercado. También es necesaria una simplificación administrativa. Lo que no puede ser es que alguien que quiera construir una vivienda en un suelo que está disponible para construir sobre él tenga que esperar hasta 14 meses para recibir todos los permisos para poder iniciar la obra. Por otro lado, si tienes que empezar de cero, y se hace una recalificación del suelo para que pase de rústico a urbano y se pueda construir, pueden pasar 14 años. Es demasiado tiempo.
María García
