Este artículo lo escribo el día 23 de junio de 2025. El 11 de junio de 2025, los jueces y fiscales hicieron un paro simbólico, y cinco asociaciones convocaron una manifestación frente al Tribunal Supremo, en Madrid, el 28 de junio, y una huelga de tres días a partir del 1 de julio. El objetivo es presionar al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños para que retire las reformas legales que ha impulsado en el ámbito de la Justicia. En el punto de mira hay dos iniciativas legislativas.
Una de ellas es el proyecto de ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Esta medida, remitida ya al Congreso de los Diputados, modificará el modo en que un ciudadano se convierte en juez o fiscal. Mientras que el Ministerio de Bolaños defiende que la norma servirá para adaptar a España a la «Justicia del siglo XXI», las asociaciones manifestantes consideran que servirá para eliminar las garantías de excelencia e imparcialidad que impone el actual modelo de oposición. Las asociaciones mencionadas creen que determinadas actuaciones de los jueces están molestando a determinados políticos y parece que el objetivo es “diluir” la carrera judicial. Alegan que, en nuestra Constitución, están los principios de mérito y de capacidad para acceder a los empleos públicos a través de una oposición. Quieren dejar claro que no están en contra del “cuarto turno”, algo que ya existe, sino del proceso de “estabilización” que quieren implantar para jueces y fiscales. El “cuarto turno” es un método para acceder a la carrera judicial por jueces de reconocido prestigio, sin necesidad de pasar por las oposiciones tradicionales, pero que tienen que pasar un tribunal evaluador. “Un juez que llega a la carrera judicial por oposición libre no le debe nada a nadie y eso es una garantía de independencia”, dicen. Les preocupa que entren jueces “por la puerta de atrás”.
La segunda medida controvertida es el anteproyecto de la Ley de Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Las asociaciones de jueces critican que esta medida “dará más autonomía al Ministerio Fiscal”. La instrucción de los procesos penales hoy en día está en manos de jueces independientes, que tienen imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas. El Ministerio Fiscal o Fiscalía es el órgano encargado de promover la acción de la Justicia y, aunque el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno, debe actuar con independencia y no recibir órdenes del Gobierno. Un juez instructor es miembro del Poder Judicial, es quien instruye, quien dirige la investigación preliminar para determinar si existen indicios de delito y, en caso afirmativo, identificar al presunto responsable, y es quien decide qué diligencias de investigación se deben llevar a cabo. Por otro lado, el Ministerio Fiscal tiene un papel fundamental en la investigación de delitos, ya que puede hacer investigaciones, presentar denuncias y acusaciones, pero con este anteproyecto de ley se pretende fortalecer la figura del Ministerio Fiscal, quien puede poner fiscales de instrucción en los procedimientos. “Quien debe arbitrar la instrucción es un juez y no un fiscal, que por su propia naturaleza ha de ser procesalmente ‘una parte’ y tiene por función promover la acción de la Justicia”. Supongamos que al fiscal general del Estado no le gusta el fiscal que ha tocado: le puede sustituir y poner a uno de su confianza. Critican que esto supone un quebranto en la garantía de derechos y libertades de los ciudadanos. “Si queremos una figura independiente, para ello está el juez instructor”.
Bolaños no cede a las presiones de las asociaciones y dice que «el gran dilema en la Justicia ahora es reformas o inmovilismo”, pero la existencia de un poder judicial fuerte e independiente es una garantía para todos los ciudadanos, y es importante tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Por ello, tampoco están de acuerdo con la llamada propuesta de “ley Begoña”, que limita la acusación popular a partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculados con ellos.
María García.
