El 6 de noviembre de 2025 se cumplieron 50 años de la Marcha Verde, y el Gobierno de entonces de España permitió y entregó el Sáhara Occidental al Reino de Marruecos y Mauritania, empezando el calvario del pueblo saharaui. Desde entonces, Argelia les permite vivir en su territorio, en la zona de Tinduf.
Tenemos que recordar que, el 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó las pretensiones de Mauritania y Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, en una sentencia donde dice, entre otras consideraciones: “El Sáhara Occidental no tiene lazos de soberanía con Marruecos o Mauritania. Debe aplicarse, por tanto, el derecho de autodeterminación”.
Esta sentencia contradice los planes del entonces rey de Marruecos, Hassan II, de construir un gran imperio marroquí que se extendiera hasta las orillas del río Senegal. El 6 de noviembre, aprovechando la agonía de Franco, lanza la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental, en la que 350.000 marroquíes cruzan la frontera desde Marruecos, y se produce con el beneplácito de la comunidad internacional la invasión militar marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, comenzando el exterminio silencioso del pueblo saharaui.
El 14 de noviembre de 1975, el Gobierno de Arias Navarro firma el documento de la entrega del territorio y la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, y empieza el éxodo de la población civil saharaui, bajo bombardeos con fósforo y napalm. No podemos olvidar que los saharauis llevaban en sus bolsillos el DNI español y se asientan en los campos de refugiados en Tinduf (Argelia). Los saharauis que quedaron en los territorios ocupados del Sáhara Occidental fueron, y siguen siendo, perseguidos, torturados, encarcelados, eliminados o desaparecidos, por el hecho de mantener sus señas propias de identidad ante el invasor, en una continua violación de los derechos humanos por parte de Marruecos a los ciudadanos saharauis.
El 6 de septiembre de 1991 se fija como fecha para la finalización de la guerra y el 26 de enero de 1992 como la fecha para celebrar un referéndum de autodeterminación, firmado por las dos partes y, como garante, las Naciones Unidas, que aprueba el Plan de Paz (resolución 690/1991).
La comunidad internacional ha abandonado a su suerte al pueblo del Sáhara Occidental, permitiendo que Marruecos, con el apoyo de algunos países amigos, perpetre un genocidio sobre el pueblo saharaui. No podemos quitar la culpa a los Gobiernos de España y a las personas que prometieron estar al lado del pueblo saharaui hasta la victoria final y la recuperación de su territorio, entre otros, nuestro anterior rey, Juan Carlos I, y Felipe González. Qué decir del lobby español en defensa de los intereses marroquíes formado, entre otros muchos, por Rodríguez Zapatero, Bono, Moratinos etc.
El pueblo saharaui reitera continuamente: “Queremos una muerte digna recuperando nuestro país en una guerra, y no una muerte silenciosa e indigna por una potencia que nos ocupa militarmente y viola nuestra dignidad”.
Quiero hacer referencia, por su importancia, que en el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Pleno, número 40, de 2014, en la querella presentada por la Liga Española Pro Derechos Humanos contra varios miembros del Gobierno marroquí por el asesinato del hispanosaharaui Baby Hamday Buyema, por las fuerzas de seguridad marroquí, el 8 de noviembre de 2010, dictaminaron, entre otras cosas: “En definitiva, España de iure, aunque no de facto (por derecho y no por hecho), sigue siendo la potencia administradora y, como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”. El Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estaba firmado por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que en ese momento presidía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hoy Marlaska es un gran defensor de las tesis promarroquíes. No olvidemos que España sigue siendo la potencia administradora para Naciones Unidas. Queda clara la responsabilidad del Gobierno y Estado español en el caso del Sáhara Occidental: “Una ocupación militar nunca puede ser legalizada”.
Francisco José Alonso Rodríguez
Politólogo, sociólogo, presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos, del Centro de Estudios Ateneos y del Centro de Estudios Manuel Azaña
