El levantamiento nacional que sacudió Irán a comienzos de enero de 2026 marcó una ruptura decisiva en la confrontación entre la sociedad iraní y la teocracia gobernante. Lo que empezó como protestas contra el colapso económico, la pobreza y la represión transmutó rápidamente en un desafío directo a los fundamentos del poder clerical.
Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza letal en numerosas ciudades. Vídeos y datos médicos confirman disparos contra manifestantes en plazas públicas y barrios residenciales, incluso mientras intentaban dispersarse. Los hospitales se vieron saturados por heridos de bala, muchos con impactos en la cabeza y el torso superior, lo que indica disparos deliberadamente mortales.
Los indicios apuntan a órdenes procedentes de las más altas instancias del poder, acompañadas de apagones de internet, detenciones masivas y procedimientos judiciales acelerados. Todo ello formó parte de una estrategia coordinada destinada a sofocar cualquier contestación organizada.
Irán no puede seguir el modelo europeo de las llamadas “revoluciones de terciopelo”. La teocracia obtiene su legitimidad de una supremacía ideológica sostenida por la coerción, y su aparato represivo es un pilar central de la supervivencia del régimen.
Los Guardianes de la Revolución ocupan una posición clave. Actúan como fuerza militar, servicio de inteligencia, conglomerado económico y herramienta de represión política. No existen para defender a la nación en un sentido convencional, sino para preservar el dominio clerical.
El levantamiento de enero también puso de relieve la importancia de la resistencia organizada para sostener una movilización nacional bajo una represión extrema. Los indicios muestran una coordinación significativa entre ciudades y provincias. Redes vinculadas a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI o MEK), conocidas como “unidades de resistencia”, desempeñaron un papel relevante al conectar acciones locales en un movimiento nacional con demandas explícitas de cambio de régimen. En este contexto, la existencia de una resistencia estructurada a escala nacional no puede considerarse marginal.
El panorama político se vio además alterado por una decisión clave de la Unión Europea. El 29 de enero de 2026, se incluyó a los Guardianes de la Revolución en su lista de organizaciones terroristas, reconociendo su papel central en la represión interna y la violencia organizada. Al calificarlos no como una institución militar convencional, sino como una entidad terrorista, la UE asumió implícitamente que oponerse a ellos es un argumento legítimo frente a una brutalidad institucionalizada.
La tenacidad y firmeza frente a los Guardianes de la Revolución es inseparable de la lucha por los derechos políticos y por un cambio estructural. Al mismo tiempo, debilitó la narrativa que presenta al régimen iraní como un interlocutor reformable mediante el diálogo.
El intento del hijo del Sha derrocado de presentarse como figura nacional plantea serias dudas: carece de un mandato interno demostrable, no ofrece mecanismos creíbles de rendición de cuentas democráticas y se afirma en una autoridad heredada más que en la soberanía popular. No es casual que en las protestas se rechazara tanto el régimen clerical como el retorno de una autoridad dinástica.
La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán ha diseñado un marco estratégico alternativo, conocido como la “tercera opción”, que rechaza tanto el apaciguamiento de la teocracia como la intervención militar extranjera. Este enfoque defiende que el cambio duradero en Irán debe surgir de una resistencia organizada desde dentro del país y desembocar en una transición democrática: una administración provisional, elecciones libres, separación entre religión y Estado, igualdad de género y abolición de la pena de muerte.
Francisco José Alonso Rodríguez
Politólogo, sociólogo, presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos, del Centro de Estudios Ateneos y del Centro de Estudios Manual Azaña
