Me llaman rentista
Este año pasado falleció mi padre, exponente de una generación que pudo comprarse una casa sin aprietos. A su vez, mi padre había heredado la casa de mis abuelos. Estos vivieron de alquiler en la calle Vallehermoso hasta que llegó la Guerra Civil y fueron evacuados por el Gobierno de la República. Realquilados en una casa del barrio de Chamberí, entonces en las afueras de aquel Madrid, en 1958 compraron esa casa sin que mi abuelo tuviera un gran sueldo. En 2003, cuando mis padres se separaron, mi padre adquirió una casa modesta en su barrio de Moratalaz. Estas dos casas son el grueso de la única herencia que tendremos y que mi padre nos dejó.
Por mi lado, nunca he tenido propiedades ni dinero, encadenando empleos precarios y temporales por muchos años hasta que logré afianzarme en mi arduo puesto de operario aeroportuario. Mi pareja, mis dos hijas, mi suegra y yo vivimos juntos y vamos al día con un sueldo, un subsidio del paro y una pensión de viudedad mínima.
Y de la noche a la mañana, tras heredar, me he convertido en un ser despreciable. Ahora me llaman rentista, y no soy un caso aislado. Según la OCDE, más del 95% de la riqueza de la clase media proviene de herencias, origen del advenimiento de la heritocracia, palabro para señalar a los que tienen alguna propiedad por herencia y no por mérito propio, por oposición con aquellos que no van a heredar. Esta “nueva clase” es responsabilizada de la desigualdad creciente, argumento fuertemente instigado por individuos como Pedro Sánchez, devoto de las políticas globalistas sin escrúpulos, que utiliza el viejo truco de polarizar a la sociedad, evitando enfocar sobre los verdaderos responsables de tanto empobrecimiento. Divide y vencerás, enfrentando a generaciones, creando odio y conflicto entre la generación Z y boomers.
Todos tenemos derecho a una vivienda digna, hoy inalcanzable para la mayoría. Lo impide la monstruosa especulación financiera internacional que ha hecho presa en el ladrillo, muy fuerte sobre una ciudad de moda como Madrid. Y la dejación de funciones de las administraciones públicas perpetuando la escasez de vivienda.
Es sorprendente que ya nadie hable de promocionar ni construir vivienda pública para las rentas más bajas, fórmula con la que tantos barrios salieron adelante, que tan de izquierdas era antaño y que ahora ha sido sepultada por los pseudoprogresistas, a la par que ocultan el rol del estado como redistribuidor de la riqueza por la recaudación de impuestos.
La consigna de “casas sin gente, gente sin casas” pone de manifiesto un gran contrasentido, pero también una trampa cuando vincula casas vacías con “grandes tenedores” sin explicar a quiénes se refieren. Si apuntan a los que han heredado su casa familiar, fruto del trabajo de dos generaciones, que no van a tener nunca otra propiedad, están atacando a la clase media y media baja. Si tu casa heredada supone el 99% de tu riqueza, no te vengas arriba, no eres rico ni un gran tenedor. Es miserable arremeter contra el jubilado que alquila su segundo piso para complementar su pensión o pagar su residencia. O contra el trabajador que no llega a fin de mes. Sin embargo, hay un gran silencio sobre los pisos vacíos en manos de la Sareb y sobre las estrategias de los grandes fondos.
No hay que inventar nada, sino liberar suelo existente y acometer planes de vivienda como se ha hecho siempre, con criterios de acceso transparentes y justos. Y proteger la vivienda pública de la especulación prohibiendo su venta en el mercado libre. Todo esto hará bajar los precios. Si el estado no cumple su función, ¿cuál es el sentido de su existencia?, ¿para qué soportamos este régimen fiscal confiscatorio?
El reto migratorio, la precarización laboral y el empobrecimiento provocado suponen una fuerte presión sobre la vivienda. ¿Y a quién carga el estado, al dictado de las corporaciones globales, con la responsabilidad de solucionar los problemas de vivienda? A ti, mileurista, que ahora tienes una casa y debes encargarte de los clasificados como “vulnerables”. La dejación de funciones y la deriva hacia un estado fallido apuntan a la incautación de las viviendas del pequeño propietario y al aumento de cargas impositivas hasta lo insoportable. La ocupación y la inkiocupación, despenalizadas de facto contra el pequeño propietario, no afectan a los grandes especuladores que sí pueden defenderse. Se ha puesto en marcha la gran expropiación de la clase media por los fondos globales que dirigen este “nuevo orden”.
