Lo público se hace invisible en Madrid
Pedro Pérez Bozal
En Madrid, lo público se desvanece a plena luz del día. El sistema de todos se vuelve invisible entre eslóganes de libertad, rebajas fiscales selectivas y una estética “guay” que confunde modernidad con abandono. Mientras tanto, una ola juvenil antiimpuestos crece sin reparar en el precio real de ese discurso: servicios degradados, desigualdad normalizada, neoesclavos que pagan más del 70% de la vivienda en vivir en cuartuchos y una ciudadanía cada vez más sola frente a problemas que son, por definición, colectivos.
La sanidad y la educación son los ejemplos más claros de esta deriva. La degradación de los servicios médicos no es una percepción ideológica, es una experiencia cotidiana. Listas de espera interminables y una atención primaria destrozada en favor de los seguros privados. A ello se suman escándalos como el del Hospital de Torrejón, que probablemente no sea una anécdota aislada, sino el síntoma de lo que ocurre cuando se deja la salud en manos privadas.
En educación, el patrón se repite. Las universidades públicas son asfixiadas presupuestariamente mientras las privadas crecen de forma exponencial. Este proceso se acelera desde el tamayazo, que abrió paso a un modelo neoliberal sostenido sobre corrupción, amiguismo y puertas giratorias.
La gestión del espacio público revela la misma lógica de fondo. Celebramos Tapapiés, pero el ruido ha destapado una reivindicación más profunda: el abandono institucional. Cuando el Estado se retira, lo que queda no es libertad, sino desprotección.
La respuesta, lejos de ser estructural, ha sido represiva. Repugnantes actuaciones policiales, véase la entrevista de este número, y una política del orden que confunde seguridad con intimidación se ceban especialmente con personas racializadas.
El problema social se gestiona como un problema de orden público; la desigualdad se disfraza de conflicto puntual; y la conciencia de clase se evapora entre una supuesta meritocracia, un liberalismo subvencionado especialmente en el campo mediático y una clase baja aspiracional alimentada por redes sociales neoliberales.
Al mismo tiempo se dispara la aporofobia a cuenta de venerados streamers andorranos, la estigmatización de las subvenciones a los más débiles o a colectivos muy rentables socialmente, nunca a las grandes empresas, y el ruido mediático sobre los okupas, pero nunca sobre los excesos de los rentistas.
Las figuras que han encarnado este rumbo —de Esperanza Aguirre a Isabel Díaz Ayuso— comparten una política basada en hipérboles. Bajo esta hegemonía cultural, la crítica se caricaturiza como antipatriótica o gris. Pensar colectivamente se presenta como una amenaza frente al individualismo exaltado.
Pese a lo cual, Madrid conserva algunas joyas que desmienten en parte el relato del sálvese quien pueda: las bibliotecas y el transporte público. Son infraestructuras que democratizan la ciudad, sostienen una oferta cultural amplia y fomentan una sociedad con ciertos halos de luz. Espacios donde aún se reconoce al ciudadano como sujeto de derechos y no solo como consumidor.
El Gobierno central también puede —y debe— evitar sufrimiento a la mayoría social. Medidas concretas existen y no requieren épica, sino voluntad política. Prorrogar los cerca de 60.000 contratos de alquiler que vencen en todo el Estado en 2026 aliviaría una presión habitacional que expulsa a jóvenes y familias de sus barrios. Regular precios, reforzar la sanidad pública, blindar la educación y apostar por políticas de cuidados no son radicalidades marxistas: son respuestas sensatas a problemas reales y urgentes.
Hacer visible lo público en Madrid implica recuperar la idea de lo común como derecho y no como residuo. Implica decir que pagar impuestos es sostener bibliotecas, metros, médicos y escuelas; que la libertad no es elegir entre precariedades; que la ciudad es de quien la vive, no de quien la rentabiliza como ávido rentista. Solo así Madrid volverá a ser una ciudad para vivir, y no solo para consumir.
