Emblemático, castizo y multicultural barrio de Lavapiés, tal como ocurre con los cascos antiguos de otras grandes urbes, se ha convertido en una pieza clave de la turistificación de la ciudad. Madrid está de moda a nivel global para los inversores extranjeros —de esos que son tan millonarios que no molestan a la ultraderecha— y podría morir de éxito si no es capaz de frenar las dinámicas que expulsan a la ciudadanía del centro y la convierten en un dónut, sin vecinos en el corazón urbano. Pese al cada vez más minoritario comercio de proximidad y el tejido asociativo que mantiene contra viento y marea, su almendra central se está transformando en una especie de parque de atracciones para uso y disfrute de los turistas.
Esa expulsión se produce por una mezcla de subida de precios —alimentada por los pisos turísticos que el Ayuntamiento de Madrid no persigue aunque carezcan de licencia—, pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía —los salarios no suben y la cesta de la compra no deja de crecer, por mucho que el Gobierno central diga que los datos macroeconómicos colocan al país entre lo más alto de Europa— y aumento de los gastos.
Sobre este último epígrafe, la fundación ecologista ECODES y la federación de consumidores CECU presentaron hace unos meses un estudio pionero que incluye los gastos energéticos en el precio de la vivienda. El informe evidencia que Lavapiés cuenta con un avejentado parque de viviendas, que en buena parte fue construido entre la posguerra y 1979, lo cual conlleva que sus habitantes afronten elevados gastos de alquiler debido a la ineficiencia energética y la falta de confort térmico de muchas de sus viviendas.
En este contexto, cabe recordar que la Comunidad de Madrid —al igual que otras regiones gobernadas por el PP— se niega a cumplir una de las medidas más ambiciosas de la Ley de Vivienda aprobada hace poco más de un año por el Congreso. Esta legislación permite la declaración de zonas tensionadas de alquiler, lo que impide las subidas desmesuradas en los precios del arrendamiento.
La Generalitat de Catalunya fue pionera en aplicarla y, curiosamente, Cataluña ha sido la única autonomía del Estado donde han bajado los precios del alquiler en el último año: un 4,9%. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, según el portal Idealista, en la Comunidad de Madrid los precios se dispararon un 11,7%.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso señaló en octubre de 2024 que no aprobaban zonas tensionadas porque consideraban que no era positivo para las políticas de vivienda «limitar los precios». «Lo único que va a implicar es que va a bajar la oferta, va a subir la demanda y, por tanto, aumentar los precios», pronosticaban.
Lo cierto es que algunos agoreros también pronosticaron que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional iban a disparar el paro. Pero entre 2018 y 2025 el SMI se ha elevado de 735 a 1184 euros mensuales, lo cual supone una subida de más del 60%. Y según datos de mayo de 2025, el desempleo cayó en España a su dato más bajo en 17 años.
Aplicando la Ley de Vivienda quizá se podrían contener las infinitas subidas de precios que están convirtiendo a Madrid en una ciudad solo apta para los ricos y vedada para unas clases populares que necesitan de sus legisladores algo más que el continuo desmantelamiento del sistema público de salud —para alegría de las empresas privadas, aseguradoras y algunos supuestos emprendedores—, o una simple invitación a irse de cañas.
Pedro Pérez Bozal
